La fundación ligada al PP presentó ayer sus 'Propuestas para una estrategia energética nacional' en las que reclama más centrales nucleares y la paralización de nuevas instalaciones renovables mientras haya sobrecapacidad. En medio de un canto al libre mercado, algunas afirmaciones del informe no dejan de ser chocantes: "El grado de concentración en el mercado mayorista de electricidad es moderado e inferior al de muchos países europeos".
Más nucleares. Menos renovables. Alentar las prospecciones petrolíferas. Renegociar a la baja los objetivos de reducción de emisiones. Eliminar el bono social y simplificar la fiscalidad en el sector energético.El informe de FAES, dirigido por Miguel Marín y coordinado por Pedro Mielgo, presidente de la consultora Nereo GreenCapital, asume prácticamente todos los postulados de las grandes empresas energéticas, que en las últimas semanas han intensificado sus ataques a las renovables.
Una de las sugerencias que aparecen en el informe de 259 páginas elaborado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), es que la potencia renovable que se incorpore en el futuro no reciba primas ni subvenciones y se retribuya conforme a criterios de mercado y con estímulos fiscales. En total FAES recoge 40 propuestas dirigidas, dicen, a "cumplir los objetivos de la mejora de la competitividad, la defensa del interés nacional, el impacto positivo sobre la economía y la protección medioambiental".
La fundación reclama una paralización de nuevas instalaciones del régimen especial mientras haya sobrecapacidad y renegociar "si fuera necesario" los objetivos de reducción de emisiones y de generación a partir de tecnologías "verdes". También propone que las renovables internalicen los costes de su gestión, sobre todo el de respaldo, y que en la nueva potencia que se instale se dé prioridad a las plantas que aporten "más valor" conforme a criterios de eficiencia.
La fundación del PP considera necesario eliminar de los peajes eléctricos todo tipo de subvenciones, eliminar el bono social y sustituirlo por un "tratamiento fiscal" a los hogares que lo necesiten.
En la presentación del informe también participó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que defendió la reforma energética aprobada por el Gobierno porque "da estabilidad al sector frente a la política de buenos y malos puesta en marcha por gobiernos de otro signo". Nadal criticó el "caos" que reinaba en el sector eléctrico, donde "cada cosa tenía una retribución distinta", en función "del éxito que habían tenido (las empresas) al visitar los distintos despachos ministeriales".
Y dijo que el debate energético ha sido "ideológico en los últimos años, basado en un apoyo a las renovables en un momento en que todavía eran tecnologías inmaduras, porque se llevaba a cabo sin mirar los números". Nadal también dijo que el recurso de inconstitucionalidad presentado el lunes por el PSOE contra la reforma energética carece de "fundamentación".
Según distintas fuentes del sector energético, que cita Cinco Días, el informe estaba ya terminado a principios de verano, pero el Gobierno pidió a FAES que pospusiera su presentación para evitar encontronazos de posturas. De hecho, muchas de las 40 propuestas que hace FAES no están en la reforma energética del Gobierno, por ejemplo, la reforma de los mercados.
Interés nacional
FAES también se muestra partidaria de "asegurar que la titularidad de las empresas energéticas responde al interés nacional". Porque esa titularidad es "una dimensión inevitable de la independencia energética". Lo que denominan el "efecto sede". Según la fundación, "los países más preocupados por la energía cuidan especialmente la nacionalidad de sus empresas energéticas, tanto eléctricas como sobre todo en los sectores del petróleo o del gas. El efecto sede y el sentido de vinculación de una empresa con el país de origen tiene impactos de suma importancia en materia de inversiones, de empleo, de fiscalidad, de imagen y marca de país, y tantos otros aspectos".
Más allá de lo bien que pueda quedar vender esa españolidad de las empresas energéticas, la realidad es que el principal accionista de Iberdrola es el Fondo Soberano de Catar, con más de un 8%. La italiana Enel posee el 92% de Endesa. El 95% de Hidrocantábrico está en manos de la portuguesa EDP y el 21% de Gas Natural Fenosa está en manos extranjeras. Sin hablar de la alemana E.On. Son las cinco empresas asociadas a Unesa. Empresas que llevan años poniendo todas las trabas posibles para evitar que nuevos actores añadan competencia al mercado eléctrico en España.
Más nucleares
El informe propone que se seleccionen emplazamientos para la construcción de nuevas centrales nucleares y que el Consejo de Seguridad Nuclear fije los criterios para alargarse la vida de las actuales.
La fundación plantea revisar el mercado mayorista de electricidad (pool) sin eliminar los mercados de ajustes. Y propone crear un mercado de pagos por capacidad para incentivar el respaldo ofrecido por las plantas de gas o carbón. Sobre este último, reclama una "fecha límite improrrogable" para eliminar las ayudas al sector.
En el informe se afirma que "el grado de concentración en el mercado mayorista de electricidad es moderado e inferior al de muchos países europeos. Sin embargo, hay que seguir profundizando en el aumento de la competencia y en la vigilancia de actuaciones anticompetitivas o situaciones oligopolísticas". Está claro que algunos ven lo que quieren ver.
