domingo, 30 de diciembre de 2012

Demuestran que las energias renovables no han creado el déficit tarifario

10.244 millones de contribución al PIB, 186.587 empleos generados, 2.101 millones ahorrados en importación de combustibles
Estos son algunos de los datos recogidos en el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2011 que la patronal APPA ha presentado hoy en Madrid. Un estudio que también demuestra que las renovables no solo no han sido las causantes del déficit tarifario sino que lo han reducido.
Por más que el presidente de Unesa siga insistiendo en lo contrario, los datos le quitan la razón. El estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2011, elaborado por la Asociación de Productores de Energías Renovables y presentado hoy en Madrid por José Miguel Villarig, presidente de la asociación, y Jaume Margarit, director general de la misma, desmonta las acusaciones de Eduardo Montes y el propio ministro de Industria contra las energías renovables.
El Estudio que recoge, por cuarto año consecutivo, la influencia de las energías renovables en términos económicos y sociales, pone de manifiesto que solo en la reducción del precio del mercado diario de electricidad estas tecnologías ahorraron 7.607 millones de euros más que las primas recibidas en el período 2005-2011. Otros datos destacados son que estas tecnologías representaron en 2011 el 0,95% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y que siguen invirtiendo en I+D+i tres veces por encima de la media. En 2010 (últimos datos disponibles), la inversión fue de 302,8 millones, el 4,5% de su contribución directa al PIB.
Generación de empleo
Además, pese a la crisis y todos los obstáculos a los que se enfrenta, el sector ha seguido creando empleo. En concreto, en 2011 se crearon 5.983 nuevos puestos de trabajo. Este repunte se produjo, principalmente, por los empleos inducidos debidos a la construcción de nuevas centrales. Los empleos del sector se dividieron en 54.193 empleos generados de forma directa y 64.464 empleos inducidos en otros sectores de actividad.
Por tecnologías, la solar termoeléctrica, con 9.711 nuevos empleos, y la biomasa, con 1.360, son las que más empleos han creado. En el lado contrario, la energía eólica y los biocarburantes destruyeron empleo el año pasado (3.638 y 1.375, respectivamente). En el caso de los biocarburantes este dato es especialmente preocupante ya que, como explicó Margarit "aunque se han consumido más biocarburantes en España, esto se debe a las importaciones de Argentina e Indonesia, principalmente, y no a un mayor desarrollo del sector nacional".
Balanza comercial y emisiones evitadas
Las renovables también contribuyen a reducir nuestra dependencia energética y a equilibrar la balanza comercial. En 2011, el sector exportó bienes y servicios por valor de 3.362 millones de euros y las importaciones alcanzaron los 2.632 millones, con el resultado de un saldo neto exportador de 730 millones. Respecto a importaciones de hidrocarburos evitadas –11,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo, valoradas en 2.101 millones de euros– Villarig destacó el importante papel que en este terreno juegan estas tecnologías, recordando que "en 2011, las importaciones de hidrocarburos nos costaron 39.933 millones, el 86% del total de todas las importaciones".
Además, las energías renovables evitaron el año pasado la emisión de 33,4 millones de toneladas de CO2, que supusieron un ahorro total de 429 millones de euros, mientras que la utilización de biocarburantes en el transporte evitó la emisión de 4,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Las energías limpias también evitaron la emisión de otros gases nocivos para la salud como para el medio ambiente: 27,6 millones de toneladas de NOx y 45,3 millones de toneladas de SO2.
En cuanto a la balanza fiscal, el sector ha sido contribuidor fiscal neto en todos los ejercicios contemplados. Durante 2011, se pagaron cerca de 675 millones de euros en impuestos y se percibieron alrededor de 12 millones de euros en subvenciones. El saldo, positivo para el Estado, fue de 663 millones recaudados.

Electricidad generada
Según indica el estudio de APPA, al finalizar 2011 había instalados 2.286 megavatios de energías renovable, situándose el total acumulado en 29.097 MW. La eólica (1.349 nuevos megavatios), solar termoeléctrica (467 MW), solar fotovoltaica (409 MW) y la biomasa (61 MW) fueron las tecnologías que más potencia instalaron.
Sin embargo, este aumento de potencia no se tradujo en mayor generación. De hecho, la generación eléctrica renovable se redujo hasta los 59.990 GWh (60.109 GWh en 2010) debido a que 2010 fue excepcionalmente bueno para la energía eólica e hidráulica. En total, las renovables cubrieron el 22,2% de la demanda eléctrica el año pasado.

Déficit de tarifa
El Estudio aborda, asimismo, la principal preocupación del ministro Soria, el déficit de tarifa, dejando claro que la comparación, "interesada", señaló Villarig,, entre primas y déficit tarifario olvida los múltiples beneficios que tienen estas tecnologías en nuestra economía.
Así, durante 2011 las energías renovables ahorraron 3.352 millones al sistema eléctrico, debido a que estas tecnologías entran a precio cero en el mercado diario de OMEL, desplazando a unidades de generación que habrían marcado precios más altos en nuestro mercado marginalista. "Si no hubiera esta aportación de renovables, cada MWh adquirido en el mercado sería 15 euros más caro", puntualizó el presidente de la patronal.
¿Y cuánto dinero recibieron en primas las renovables? "No los 7.000 millones que dice el ministro, sino 5.023 millones", apuntó Villarig. En realidad, por primera vez desde que se realiza el estudio, las primas a las energías renovables se redujeron en 2011, debido a una menor producción eólica y minihidráulica y a los recortes retroactivos de 2010 a la energía fotovoltaica, que limitaron el número de horas con derecho a prima de esta tecnología.
De acuerdo con el estudio de APPA, en el período 2005-2011 las energías renovables han supuesto en el mercado diario un ahorro de 28.482 millones de euros; superior, por tanto, a las primas recibidas en este periodo, que ascienden a 20.875 millones de euros. De esta manera, "si las renovables no hubieran existido, ni las primas ni los ahorros, la electricidad se habría generado a un precio mayor. Las renovables no solo no han sido las causantes del déficit tarifario sino que lo han reducido", destacó Villarig.
Cumplimiento de objetivos
En lo referente a los objetivos marcados en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, en algunos casos se han alcanzado y en otro no. Las eólica, con 21.059 MW acumulados en 2011 los superó; las tecnologías solares los excedieron ampliamente (4.244 MW acumulados en FV y 999 MW en termosolar); y tecnologías como la minihidráulica (2.034 MW) y biomasa (761 MW) no los alcanzaron.
Pese a ello, las metas globales fijadas para 2010 no se han cumplido. El año pasado las renovables abastecieron el 11,6% del consumo de energía primaria (el objetivo para 2010 era el 12, 1%) y el de electricidad supuso el 29, 7% (se incluye la gran hidráulica), un 0,6% por debajo del objetivo perseguido, Los únicos objetivos que se alcanzaron fueron las emisiones de CO2 evitadas y el consumo de biocarburantes en términos energéticos.
En cuanto al PER 2011-2020, ninguna tecnología ha alcanzado la potencia instalada prevista para 2011. Hay un retraso generalizado en todas las tecnologías térmicas, eléctricas o de transporte. De acuerdo con APPA, el único objetivo que se está cumpliendo es el porcentaje de consumo de energía final bruto, 15,9% sobre un 14,7% para 2011. Y este porcentaje se ha alcanzado por la caída de la demanda, no porque la producción renovable haya sido superior a la prevista: 54.715 GWh de electricidad renovable frente a 58.642 GWh previstos para 2011 y 1.670 ktep de biocarburantes frente a 2.048 previstos.

Oportunidad para España
José Miguel Villarig y Jaume Margarit concluyeron su intervención destacando la gran inversión que suponen para España las energías renovables, tanto en generación de empleo, como en independencia energética, un medio ambiente más limpio y mejora de la marca España. Sin embargo, "las decisiones de los dos últimos gobiernos se han mostrado contrarias al desarrollo de estas tecnologías", destacó Villarig, para quien "frente a la improvisación" con la que se está actuando, hace falta "un marco regulatorio estable y a largo plazo" que vuelva a dar al sector la confianza y seguridad que necesita.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

El Tribunal Supremo condena a ENDESA a indemnizar a productor fotovoltaico por denegación de punto de conexión.

La denegación de ENDESA del punto de conexión en plazo y su posición de abuso de dominio le ha costado tener que indemnizar a productor fotovoltaico en más de un millón de euros por lucro cesante.

La Sala Primera del Tribunal Supremo de lo Civil por sentencia de 12 de noviembre de 2012,  ha estaimado demanda de productor fotovoltaico por defensa de la competencia por abuso de posición de dominio de la empresa eléctrica distribuidora ENDESA.

Según Promein Abogados, esta sentencia abre la puerta a muchos productores fotovoltaicos a reclamar este injusto comportamiento de muchas grandes empresas eléctricas.

De este modo se condena a ENDESA como empresa de distribución de energía a indemnizar al productor fotovoltaico por los daños por lucro cesante causados a la misma por la denegación de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de la planta fotovoltaica que quería promover en su finca.

En esta línea el Tribunal Supremo ha estimado que la entidad Endesa Distribución Eléctrica SL, ha incurrido en abuso de posición de dominio al denegar injustificadamente el acceso a red de la solicitud de productor fotovoltaico, condenándole a estar y pasar por tal declaración y a que indemnice a aquella, por lucro cesante irrogado a la misma, en la cantidad de 1.030.310 euros.

Resumen de antecedentes

1. La actora, Juana , propietaria de una finca rústica en Jerez de los Caballeros, sobre la que transcurre la red eléctrica de media tensión "Valuengo", de la subestación eléctrica de Jerez de los Caballeros, que gestiona Endesa Distribución Eléctrica, S.L., solicitó a esta última el acceso a la red de distribución de energía eléctrica de la instalación fotovoltánica que quería promover en su finca.

Endesa Distribución Eléctrica, S.L., que tenía obligación de contestar en 15 días, no lo hizo dentro de este plazo legal, sino más tarde, y para denegar la solicitud por falta de capacidad de la red en el punto que la actora proponía.

La actora demandó a Endesa Distribución Eléctrica, S.L. para que se declarara que con su negativa a dar acceso a la red de distribución de energía había realizado un acto de abuso de posición de dominio y se le condenara a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la frustración del negocio, que debían determinarse en ejecución de sentencia.

2. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y condenó a la demandada a indemnizar por el lucro cesante sufrido por la actora como consecuencia del reseñado abuso de posición dominante, en la suma de 1.030.310 euros, aunque añadió la mención "s.e.u.o". La sentencia, siguiendo los parámetros fijados en la demanda, cifró en aquella suma los rendimientos económicos netos que habría logrado la actora en 25 años de vida útil de la planta fotovoltaica.

Esta sentencia de primera instancia fue confirmada en apelación, al desestimar la Audiencia los recursos formulados por ambas partes.

3. Frente a la sentencia de la Audiencia, Endesa Distribución Eléctrica, S.L. formuló recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Respecto a la reclamación del productor fotovoltaico del citado lucro cesante,el Tribunal Supremo ha señalado que la Audiencia aprecia la existencia de un lucro cesante porque entiende que "de no haber sido por la actuación de la demandada el productor fotovoltaico podía haber seguido adelante con su proyecto, como así ha ocurrido en otros casos coincidentes en el tiempo y en el espacio con la solicitud de la demandante". Y añade que "la denegación injustificada del acceso a la red le ha impedido a la actora seguir con su proyecto y obtener, eventualmente, unas ganancias no seguras pero sí verosímiles y calculadas sobre datos ciertos y objetivos".

A pesar de la parquedad del razonamiento de la segunda sentencia, cabe apreciar una contradicción con respecto de la primera sentencia, pues, atendida la identidad de supuestos enjuiciados, de facto en este segundo caso se obvian las circunstancias advertidas por el precedente judicial para no considerar razonables las supuestas ganancias dejadas de obtener, que dependían de complejos trámites administrativos, que era seguro se hubieran podido solventar a tiempo, y "otros condicionamientos técnicos en relación con otros interesados en el acceso a la línea solicitada por el actor", que a la postre convertían en "excesivamente" hipotético la obtención de aquellas ganancias.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Canarias necesita 9 proyectos energéticos más para cubrir su demanda eléctrica

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha informado de que ha remitido una carta al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la que le solicita la inclusión de nueve proyectos energéticos "de extrema necesidad" para el Archipiélago en el Plan Anual de contenidos urgentes, ya que la propuesta inicial es "insuficiente" ante la debilidad de los sistemas eléctricos insulares.

Margarita Ramos ha explicado durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Canarias que el Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo, ha tenido una incidencia clara en el sistema energético de la Comunidad Autónoma, ya que suspende de hecho la vigente planificación 2008-2016 y hay que esperar a la aprobación de una nueva 2014-2020. "Aprovechando la figura del programa anual de instalaciones de la red de energía eléctrica el Ministerio ha remitido una propuesta al Consejo Nacional de Energía, pero ésta es insuficiente para las Islas", ha indicado.
"Los sistemas eléctricos canarios padecen, por su condición de aislados, de un grado de inseguridad que los hacen muy vulnerables ante cualquier tipo de incidencia que pudiera producirse", ha expuesto la consejera de Industria que ha insistido en que la propuesta inicial remitida sólo atiende "parcialmente" las necesidades de las Islas por lo que hay que completarla.
En este punto, Ramos ha señalado que entre las iniciativas que son necesaria se encuentran proyectos para hacer realidad la integración de las energías renovables en los sistemas eléctricos de Canarias, "que no pueden retrasarse, ya que su inclusión en una futura planificación 2014-2020, recientemente anunciada, produciría enormes perjuicios sociales y económicos a la Comunidad Autónoma, al no coincidir en el tiempo la necesidad de la evacuación de las renovables con la terminación de estas instalaciones".
La consejera ha enumerado que los proyectos que se deben incluir en el plan anual, que son los del anillo Norte de Gran Canaria; el doble circuito 220 Kv Jinámar-Tirajana; la línea 132 Kv Corralejo-Puerto del Rosario; la línea 2C 66 Kv Barranco de Tirajana-Arinaga; la subestación Escobar 66 Kv (Gran Canaria); la subestación Agüímes (Gran Canaria); la línea 66 Kv entre S.E. Punta Grande-S.E. Callejones (Lanzarote); la línea Haría-Teguise (Lanzarote); la subestación de Abona 66 Kv (Tenerife); y la subestación Poris 66 Kv (Tenerife).
Por último, la consejera ha explicado que el objetivo perseguido por su Departamento es conseguir garantizar el suministro en condiciones de seguridad y calidad, adaptando el actual sistema a las nuevas circunstancias de crisis económica y reducción de la demanda energética.

martes, 18 de diciembre de 2012

1.200 millones para 23 proyectos innovadores en energía renovable

La Comisión Europea ha concedido una financiación de más de 1.200 millones de euros a 23 proyectos de demostración muy innovadores en el ámbito de la energía procedente de fuentes renovables, al amparo de la primera convocatoria de propuestas del programa de financiación llamado NER300.

Los proyectos serán cofinanciados mediante los ingresos obtenidos por la venta de 200 millones de derechos de emisión de la reserva de nuevos entrantes (NER) del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
Los proyectos abarcan una amplia gama de tecnologías renovables: bioenergía (incluidos los biocombustibles avanzados), energía solar concentrada, energía geotérmica, energía eólica, energía marina y gestión descentralizada de la energía procedente de fuentes renovables (redes inteligentes).
Connie Hedegaard, comisaria de Acción por el Clima, ha declarado que "la Navidad ha llegado pronto este año: la Decisión de hoy constituye un gran hito en la política de la UE en materia de clima. El programa NER300 programa es, de hecho, un mecanismo a la Robin Hood que hace pagar a quienes contaminan la demostración a gran escala de nuevas tecnologías hipocarbónicas. Los 1.200 millones de euros en subvenciones, abonados por quienes contaminan, facilitarán reunir 2 000 millones de euros adicionales de inversiones privadas con destino a los 23 proyectos de demostración en el ámbito hipocarbónico seleccionados, lo que contribuirá a que la UE mantenga su liderazgo en la energía procedente de fuentes renovables y a que se creen puestos de trabajo en la UE, aquí y ahora".
Una vez en funcionamiento, estos proyectos aumentarán conjuntamente la producción europea de energía procedente de fuentes renovables en unos 10 TWh, lo que corresponde a una cantidad de energía equivalente al consumo anual de combustible de más de un millón de turismos. Lo que es más importante, el objetivo es demostrar fructíferamente tecnologías que luego contribuyan a incrementar la producción procedente de fuentes renovables en toda la UE de forma sustancial.
En conjunto, los proyectos que reciban subvención emplearán a varios miles de trabajadores a tiempo completo durante la fase de ejecución (los tres o cuatro próximos años). Una vez en funcionamiento, se empleará a unos mil trabajadores a tiempo completo durante los quince a veinte años siguientes para mantener operativas las instalaciones. También habrá efectos positivos en la cadena de abastecimiento del sector desde el punto de vista del crecimiento y el empleo.
La financiación NER300 aportará hasta el 50% de los "costes pertinentes" del proyecto, lo que significa esencialmente los costes adicionales en comparación con las tecnologías probadas ya existentes; el resto lo cubrirán la inversión privada o una financiación nacional suplementaria. La financiación de NER300 se proporcionará anualmente, atendiendo al rendimiento acreditado (la cantidad de energía ecológica producida) y al cumplimiento de los requisitos de difusión de conocimientos.
Lamentablemente, ningún proyecto de captura y almacenamiento de carbono (CAC) podrá recibir financiación al amparo de la Decisión de hoy. Los 275 millones de euros previstos para proyectos de CAC en la primera convocatoria siguen estando disponibles para financiar proyectos en el marco de la segunda fase del programa NER300.
La Comisión procederá rápidamente a ejecutar la segunda convocatoria de propuestas, que abarca los fondos no utilizados de la primera convocatoria y los ingresos de los 100 millones de derechos de emisión que han quedado en la reserva de nuevos entrantes.
El programa de financiación NER300 lo aplica la Comisión Europea en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en lo que se refiere a la selección de los proyectos, a la venta de 300 millones de derechos de emisión de CO2 del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y a la gestión de los ingresos.

Europa apuesta por los combustibles limpios para el transporte marítimo

Las nuevas normas europeas sobre los combustibles para uso marítimo, que entraron ayer en vigor, reducirán considerablemente la contaminación atmosférica y su repercusión en la salud humana.

Los contaminantes atmosféricos procedentes del transporte marítimo se difunden a largas distancias y, en consecuencia, contribuyen cada vez más a los problemas de calidad del aire de muchas ciudades europeas. Si no se toman medidas, las emisiones de azufre del transporte marítimo de las zonas marítimas de la UE superará el de todas las fuentes terrestres para 2020. La legislación revisada pondrá fin a esta tendencia, reduciendo no solo las emisiones de azufre, sino también las partículas, lo que es más importante. Esto representará un claro avance en la protección de la salud de las personas y el medio ambiente.
Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea, ha declarado lo siguiente: "La Unión Europea está ahora en vías de cumplir los compromisos asumidos en 2008 por unanimidad por sus Estados miembros en el seno de la OMI. También sabemos los costes que entraña el cumplimiento para la industria, que estamos intentando reducir al mínimo en el marco de las "caja de herramientas para el transporte sostenible por vías acuáticas", presentado en septiembre de 2011".
Janez Potočnik, comisario de Medio Ambiente, ha declarado, por su parte, que "la mejora de la calidad del aire es un reto prolongado. Ha llevado un tiempo, pero ahora el sector marítimo ha asumido su compromiso. Los grandes beneficiados son los ciudadanos europeos, que respiran un aire más limpio y disfrutan de una vida más sana, así como la industria que suministra tecnología y combustibles limpios".
La Directiva que entró ayer en vigor se rige por las normas elaboradas en la Organización Marítima Internacional (OMI). Reduce progresivamente el contenido máximo de azufre de los combustibles para uso marítimo del 3,5% actual al 0,5% en enero de 2020. En algunos ecosistemas frágiles, tales como el Mar Báltico y el Mar del Norte, incluido el Canal de la Mancha, el contenido máximo de azufre se reducirá al 0,1% ya en 2015.
Como alternativa a los combustibles con bajo contenido de azufre, los buques pueden optar por métodos de cumplimiento equivalentes, tales como los sistemas de depuración de gases de escape, o se pueden utilizar buques que utilicen GNL como combustible. Los actuales instrumentos de financiación del transporte de la UE, como los programas RTE-T y Marco Polo, así como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), prestarán apoyo financiero a proyectos marítimos ecológicos. Además, la Comisión ha puesto en marcha actividades de estímulo de la utilización de combustibles como el GNL en el transporte marítimo. También seguirá aplicando medidas a medio y largo plazo a fin de promover una tecnología naval ecológica, combustibles alternativos y el fomento de infraestructuras de transporte ecológicas en el marco de la caja de herramientas para el transporte sostenible por vías acuáticas, en colaboración con la industria y los Estados miembros.
La presente Directiva es el último elemento de la normativa de la UE en materia de contaminación atmosférica, que se ha elaborado a lo largo de los treinta últimos años. La Comisión Europea está realizando una revisión completa de la normativa con vistas a actualizarla en 2013.
Próximos pasos
El 17 de abril de 2014 a más tardar, los Estados miembros tendrán que modificar su legislación vigente sobre la calidad de los combustibles marinos para ajustarse a la nueva Directiva. Esta facilita la seguridad jurídica de las inversiones necesarias por parte de los armadores, los operadores portuarios y las refinerías.
A partir de 2015, los Estados miembros han de velar por que los buques hagan uso de combustibles con un contenido de azufre no superior al 0,10% en el Mar Báltico y el Mar del Norte, incluido el Canal de la Mancha. Se aceptan métodos de cumplimiento equivalentes, tales como los sistemas de depuración de gases de escape.
A partir de 2020, los buques que operen en todas las demás zonas marítimas habrán de utilizar combustibles con un contenido de azufre inferior al 0,50%.
Contexto
Los buques suelen usar fuelóleos pesados para su propulsión. Los fuelóleos pesados pueden tener un contenido de azufre de hasta el 5%. En cambio, el contenido de azufre de los combustibles para camiones o turismos no puede ser superior al 0,001%.
Las emisiones de dióxido de azufre causan lluvias ácidas y generan polvo fino. Este polvo es peligroso para la salud, al provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares y reducir hasta dos años la esperanza de vida en la UE.

lunes, 17 de diciembre de 2012

Más de 200 millones de euros a proyectos TIC innovadores

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha concedido ayudas (subvenciones y préstamos) por importe de 218,6 millones de euros a proyectos presentados a la convocatoria del año 2012 del programa de Competitividad I+D.

El número de beneficiarios incluidos en los 245 proyectos financiados han sido 381, dado que cerca del 38% de los proyectos se presentaron en cooperación con varios participantes como beneficiarios.
En conjunto, las PYME beneficiadas suponen el 78,5% de los receptores de ayudas, a las que se ha concedido un porcentaje medio de ayuda entorno al 27% en subvención y 73% en préstamo.
Los 245 proyectos aprobados se ajustan estratégicamente a las líneas marcadas por la Agenda Digital Europea en los siguientes porcentajes:
  • 31,2% a promover la competitividad de la PYME;
  • 28,7% a desarrollar servicios en un entorno de movilidad.
  • 18,2% a poner en marcha contenidos y servicios interoperables y sin fronteras;
  • 15,5% a desarrollar Smart Cities y el 6,4% a impulsar la administración electrónica.
El programa de ayudas prioriza el impulso y la incorporación de tecnologías prioritarias como "Cloud Computing"; sistemas de seguridad y confianza para el usuario y Apps.
Se podrán consultar los beneficiarios en el registro electrónico de la página web del Ministerio y las ayudas se harán efectivas en enero de 2013.
Ayudas al desarrollo y utilización de las TIC
La Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la que se convocaron estas ayudas fue publicada el 7 de junio de 2012 y se orienta a conseguir el adecuado desarrollo y utilización de las TIC, sus aplicaciones y servicios. Las TIC se consideran como instrumento para el cambio de modelo económico, ya que la generalización de su uso permite un incremento de la competitividad y la productividad, favorece y dinamiza la economía consolidando un modelo de crecimiento económico sostenible.
El escenario presupuestario actual exige la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos. La convocatoria concentra las ayudas en proyectos que estén cerca del mercado y que generen resultados inmediatos para el incremento de la competitividad de la industria TIC española.

Garoña se apaga por el nuevo impuesto a la energía nuclear

El Consejo de Administración de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), acordó el pasado viernes desconectar la central de la red eléctrica ayer día 16, para trasladar el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento.

En un comunicado, Nuclenor indicó que esta desconexión, que tuvo lugar a las 23.00 horas de ayer, se encuadra en el marco del acuerdo de cierre anticipado de la central nuclear con anterioridad al próximo 31 de diciembre y tras analizar el impacto que para la empresa tendría la entada en vigor de la Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética, aprobada este jueves en el Senado y que recibirá la próxima semana el refrendo definitivo en el Congreso.
Según la empresa titular de Garoña, en caso de aprobarse el proyecto de ley con su redacción actual, la central nuclear burgalesa tendría que hacer frente a impuestos adicionales por valor de 153 millones de euros en 2013, en relación al nuevo impuesto que grava la descarga final del núcleo tras el cese de actividad con 2.190 euros por kilogramo de elementos trasladados a la piscina de almacenamiento.
Situación concursal
Estos 153 millones adicionales, según la empresa, "incrementarían las actuales pérdidas económicas hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución y en situación concursal".
La medida acordada, que ha sido notificada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y ratificada por la Junta General de la Sociedad, pretende evitar la aplicación de estos impuestos "de cara a garantizar que la sociedad pueda seguir respondiendo de sus obligaciones ante sus trabajadores y proveedores", ha explicado Nuclenor.
En todo caso, la compañía ha precisado que el cierre definitivo antes del 31 de diciembre podría "revertirse" en caso de que la ley finalmente no fuera promulgada o lo fuera en términos diferentes a los actuales. La compañía tiene autorización para operar hasta julio de 2013.
La futura normativa está generando decisiones empresariales en otras centrales nucleares. Así, la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) ha decidido posponer la recarga de combustible de su unidad I, que tendría que haberse producido "el 7 de diciembre", una decisión "empresarial" adoptada ante la discusión del Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
En cualquier caso, el Consejo de Administración de Nuclenor ha expresado su reconocimiento a la plantilla de la empresa por "su profesionalidad en el desempeño diario de sus labores" y ha reiterado su "compromiso" con la central burgalesa.

viernes, 14 de diciembre de 2012

Los bosques canarios se desplazan por el cambio climático

Los bosques de las islas de Tenerife y Gran Canaria tenderán a desplazarse hacia zonas más altas como adaptación al aumento de la temperatura, según las conclusiones de un trabajo de investigación elaborado a partir de distintos escenarios climáticos basados en modelos realizados por la Viceconsejería de Sostenibilidad.

Si el calentamiento se acrecienta en las cumbres, estos bosques no tendrán donde refugiarse y podrían transformarse profundamente en comunidades muy diferentes a las actuales dominadas por especies más resistentes al calor y a la falta de humedad.
Esta es la principal conclusión de un trabajo de investigación elaborado por los doctores Marcelino del Arco y Víctor González del Departamento de Biología Vegetal (Botánica) de la Universidad de La Laguna, que ha sido presentado en Santa Cruz de Tenerife por la viceconsejera de Sostenibilidad, Guacimara Medina.
Este estudio, que forma parte del proyecto ClimaImpacto, cofinanciado por el programa MAC 207-2013 de la Comisión Europea, que ejecuta la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, permitirá deducir con miras al futuro la distribución de los bosques en las islas de Tenerife y Gran Canaria en función de las variaciones del clima. También ayudará a detectar tanto las zonas más sensibles como las que tolerarán mejor las citadas variaciones del clima.
La investigación se fundamenta en la modelización de las zonas idóneas para el establecimiento de la vegetación actual en las islas reseñadas, a partir de las diferentes estaciones meteorológicas repartidas por ambas islas.
Los bosques canarios
Los bosques tienen una crucial importancia ecológica y como sumideros de carbono, que en el caso de Canarias atenúan en un 11% los impactos producidos por las emisiones de CO2. El estudio considera las consecuencias en cuatro escenarios futuros en los que la temperatura media de cada isla fuese 1, 2, 3 ó 4 °C superior a la actual y la precipitación insular se redujese en un 5, 10, 15 o 20%, respectiva y simultáneamente.
También se considera un escenario pasado con la temperatura un grado (1ºC) inferior a la actual y la precipitación un 5% superior. Este escenario se correspondería teóricamente con la situación a inicios de 1900, puesto que las tendencias indican un aumento de la temperatura a un ritmo de casi una décima de grado por década y una disminución de la precipitación de un 5,1,%, por cada grado de aumento de la temperatura.
Estos modelos también permitirán detectar tanto las zonas más sensibles como las que tolerarán mejor las citadas variaciones del clima.
La conclusión general es que la vegetación propia de zonas secas se expande y la de zonas húmedas se contrae y que los bosques tienden a desplazarse hacia zonas más altas como adaptación al aumento de la temperatura. Pero hay excepciones como los bosques de las cumbres de Anaga, donde reside una de las mejores muestras de laurisilva de Tenerife, o los bosques de pinar de Inagua, en Gran Canaria, uno de los hábitats más importantes para el emblemático pinzón azul de esta isla.

jueves, 13 de diciembre de 2012

Se anula la subestación que evacua la energía en Omaña-Cepeda

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de León ha dictado el pasado 25 de Octubre una Sentencia declarando la nulidad de pleno derecho tanto de la autorización, como de la aprobación del proyecto de ejecución de la Subestación de Villameca, (BOCyL de 26 de Junio de 2008) que, además de la producción del anulado Murias II, se construyó con la finalidad de evacuar la energía generada por hasta 20 parques eólicos de las comarcas de Omaña y Cepeda.

Entre otros, se verían afectados por esta anulación hasta seis parques ya construidos y en funcionamiento, entre los que se encuentran Valdesamario o La Espina, también promovidos por Promociones Energéticas del Bierzo, polémicos proyectos que han sido denunciados en numerosas ocasiones al afectar a la población de urogallo cantábrico más meridional del mundo, y al haberse llevado a cabo obras constructivas en períodos expresamente prohibidos por sus declaraciones de impacto ambiental, e incluso con anterioridad a contar con las autorizaciones y licencias necesarias.
La Sentencia estima íntegramente los argumentos desarrollados por SEO/BirdLife que se apoyan en dos claras ilegalidades: la fragmentación ambiental y eléctrica del proyecto.
  • Fragmentación ambiental:
La Sentencia reconoce que el proyecto de la Subestación de Villameca no es en sí mismo un proyecto autónomo, sino parte de uno más complejo, que inicialmente comprendía un total de 4 subestaciones transformadoras intermedias, la propia subestación final de Villameca y un tendido eléctrico de alta tensión de más de 58 kilómetros de longitud. Éste sí se sometió a Evaluación de Impacto Ambiental, pero tras ser informado desfavorablemente por su elevado impacto ambiental, en 2007 se comienzan a someter a información pública de forma separada los distintos elementos que formaron parte del proyecto inicial. En total, hasta ocho proyectos diferentes, de los cuales la mitad no se sometieron a EIA, entre los que se encuentra esta subestación. La normativa ambiental prohíbe de forma expresa la fragmentación de proyectos cuando mediante la misma se eludan los umbrales que la legislación contempla para su sometimiento a EIA, que es lo que la Sentencia reconoce que ha sucedido en este caso.
  • Fragmentación eléctrica:
En el año 2002, las empresas promotoras de los 19 parques eólicos inicialmente previstos suscriben un acuerdo marco en el que ya se preveía la evacuación en la SET Villameca de nada menos que 661,20 MW. (Para establecer una comparativa que permita valorar el alcance de esta cifra, señalar que el reactor de la central nuclear de Garoña tiene una potencia eléctrica de 466 MW). En la actualidad, para este nudo de evacuación se encuentra autorizada una potencia superior a los 350 MW.
Desde SEO/BirdLife se entiende que la implantación de un proyecto de nueva planta de unas dimensiones como el presente, no puede ajustarse a la misma tramitación que la normativa del sector eléctrico prevé para pequeñas instalaciones de generación de energía renovable de potencia inferior a 50 MW. Esto supondría un absoluto fraude de ley que, mediante la autorización separada de los distintos elementos de este macro proyecto empresarial, harían obtener sustanciosos ingresos a multinacionales amparándose en el beneficio ambiental de la energía eólica y el régimen especial al que se quieren acoger.
Muestra de la importancia de la subestación es que, según datos aportados por la propia mercantil promotora del proyecto en el procedimiento judicial de la Subestación de Villameca, actualmente sólo con los seis parques eólicos que vierten su producción en dicha subestación, la empresa obtendría en torno a dos millones de Euros mensuales (1.789.928 €). Las actuales prácticas llevadas a cabo por estas grandes multinacionales cuentan con la permisividad de los órganos que han intervenido en la tramitación de los mismos, conscientes en todo momento de que se trataba en realidad de un único proyecto que desde su inicial planteamiento en el año 2002 debió haberse sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental conjunto. Además, estas prácticas cierran el paso a un modelo más distribuido en el que participe un número mayor de entidades.

La eólica aporta en siete años 3.000 millones más que lo recibido en primas

El ahorro en emisiones de CO2 e importaciones de hidrocarburos aportado por la energía eólica entre 2005 y 2011 supera en 3.073 millones de euros el importe de las primas recibidas, según un informe sobre el impacto macroeconómico del sector elaborado por Deloitte, en el que además se constata que esta tecnología abarata el precio de la electricidad en los mercados mayoristas.

El informe muestra que, en términos acumulados, el ahorro logrado en los últimos siete años ascendió a 12.101 millones de euros, frente a los 9.028 millones de euros recibidos en primas.
En todos los ejercicios analizados, los ahorros de la eólica en estas dos variables han superado el coste de las primas, salvo en 2010, cuando se registraron precios de la electricidad en el "pool" particularmente bajos. En 2011, año al que corresponde el informe, los ahorros ascendieron a 2.201 millones de euros, frente a las primas de 1.707 millones.
Esta tecnología equivale en la actualidad a cerca de la mitad de toda la potencia instalada del régimen especial, en el que se incluyen las renovables y la cogeneración, si bien apenas recibe el 24% de las primas.
En todo caso, Deloitte constata que la eólica sumó en 2011 su tercer año en "recesión". Pese a aportar 2.623 millones al PIB de forma directa e indirecta, esta tecnología registró un descenso en su contribución a la riqueza nacional del 12,6%, y acumula una caída del 19,1% desde 2009.
Para los directivos de la firma, la particular crisis de la eólica se debe a factores como la falta de marco regulatorio, al freno de las exportaciones, a la imposibilidad de sustituir en el prerregistro unas instalaciones por otras y a la situación económica del país.
El resultado de este deterioro del negocio eólico es una destrucción de 3.628 empleos en 2011. A cierre del ejercicio, el sector empleaba a 27.119 personas de forma directa e indirecta, la cifra más baja en toda la secuencia histórica analizada por Deloitte, iniciada en 2005 con 32.133 trabajadores.
Además, la eólica ha perdido un 34% de su fuerza laboral desde 2008, cuando registró su máximo histórico de 41.438 trabajadores. La caída de empleo ha sido especialmente acusada dentro de la actividad indirecta, donde ha pasado de 18.468 a 11.306 personas.
Por otro lado, la eólica cubrió en 2011 un 15,5% de la demanda eléctrica y elevó en 1.050 megavatios (MW) su capacidad instalada, lo que eleva en un 5% el parque generador y sitúa a España como cuarto país con mayor potencia, por detrás de China, Estados Unidos y Alemania.
En todo caso, Deloitte constata que este incremento de potencia es el menor de los últimos años para un sector que llegó a crecer a tasas del 49% en 2001. A cierre del año pasado, el sector contaba con 21.673 MW instalados.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Las subastas de derechos de emisión financiarán el sistema eléctrico

El 90% de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 a partir de 2013 se dedicará, con un tope de 450 millones de euros, a financiar el sistema eléctrico, mientras que el 10% restante, con un máximo de 50 millones, se destinará a la política de lucha contra el cambio climático.

Esta medida aparece recogida en una propuesta transaccional de modificación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que estos días se tramita en el Senado. La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, cuenta con el apoyo de los portavoces del PP, PSOE, Entesa, Grupo Vasco y Grupo Mixto.
La propuesta supone un ligero cambio con respecto al proyecto de fiscalidad eléctrica que, precisamente, se tramita estos días en el Senado y a la que está prevista la incorporación de una enmienda en que se indica que los ingresos de las subastas de CO2, con un tope de 500 millones, se destinarán únicamente a la tarifa eléctrica.
En la propuesta a los Presupuestos, los grupos del Senado también han acordado que las cuentas públicas financiarán el sistema eléctrico en un importe equivalente a la suma de "la estimación de la recaudación anual" de los nuevos impuestos eléctricos más el 90% del ingreso "estimado" de las subastas de CO2, hasta 450 millones.
El Grupo Popular en el Senado había incluido anteriormente en la Ley de PGE de 2013 una enmienda en la que no aludía a estimaciones de ingresos procedentes del impuesto eléctrico, sino que indicaba que las cuentas públicas financiarían la tarifa eléctrica fijando "como límite máximo" la recaudación anual de estos mismos impuestos.
En estas enmiendas, los "populares" garantizaban además que las cuentas públicas no asuman el coste extrapeninsular y seguían sin resolver la cuestión de si los intereses de la deuda tarifaria podrían cargarse sobre los PGE.
El debate sobre la Ley de PGE se produce en paralelo al correspondiente a la Ley de Sostenibilidad Energética. En este caso, el PP ha presentado enmiendas para elevar del 6% al 7% el impuesto eléctrico, al tiempo que exime al gas para uso industrial y propone incrementar las cargas sobre el carbón.
Ley de PGE
Por otro lado, los grupos han transaccionado varias enmiendas a los PGE de 2013 que modifican las que fueron aprobadas en Comisión, todas del Grupo Popular. Una de ellas obliga al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias para adecuar las infraestructuras educativas de Ceuta y Melilla a las necesidades en relación con los centros públicos de educación primaria y secundaria.
Asimismo, el Pleno ha acordado modificar otra enmienda para que sea la Dirección General de la Función Pública la encargada de autorizar el reconocimiento de créditos horarios u otros derechos sindicales. De hecho, los acuerdos que hayan sido adoptados antes también requerirán su aprobación para su aplicación en 2013.

¿Cómo producir más energía fotovoltaica y más barata?

El Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) coordina un proyecto de investigación europeo, que tiene la finalidad de aumentar hasta el 30% el cupo de la energía fotovoltaica en Europa y reducir el precio de generación del KWh, de forma que sea más competitivo no solo para los usuarios sino también para las empresas.

El proyecto PV CROPS ("cosechas fotovoltaicas") cuenta con la participación de 12 instituciones de 7 países distintos. Entre ellas, las empresas españolas Acciona Energía o Ingeteam. El presupuesto total es de casi 6 millones de €, de los que la Comisión Europea aporta más de 4 millones.
El objetivo de PV CROPS es doble. Por un lado, desarrollar los avances científico-tecnológicos que permitan la integración en masa de los sistemas fotovoltaicos en las redes eléctricas europeas (superando el 30% de la generación eléctrica de origen fotovoltaico). De otro, reducir el precio del kWh de origen fotovoltaico para que llegue a ser competitivo con las fuentes de energía convencional.
Para Luis Narvarte, profesor del Departamento de Ingeniería de Circuitos y Sistemas de laEUIT de Telecomunicación de la UPM y coordinador español del proyecto, estos objetivos "atienden a dos de los mayores problemas tecnológicos con los que se enfrenta la industria fotovoltaica".
El primero, se centra en el hecho de que la fotovoltaica es una fuente de energía intermitente (por el paso de nubes y también por el ciclo día-noche), lo que no encaja bien con la estabilidad de la red eléctrica, cuyo operador persigue el equilibrio constante entre generación y demanda de consumo eléctrico.
"Mientras la proporción de sistemas fotovoltaicos en la red es pequeña, su intermitencia pasa inadvertida. Si esta proporción aumentara, podría poner en peligro la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico. Por ello, el operador de la red la protege estableciendo un límite a la proporción de las energías renovables que hay en ella, y en particular, de la fotovoltaica", explica Narvarte.
"El proyecto PVCROPS va a desarrollar métodos de predicción y mitigación de las intermitencias fotovoltaicas que permitan penetraciones tan altas como el 30%. Esto supondrá un gran impacto para los países del sur de Europa, como España, porque para alcanzar, por ejemplo, el 20% de potencia fotovoltaica en el sistema eléctrico europeo (como plantean los objetivos europeos para el 2020), se necesitan penetraciones más altas en los países más soleados del sur", añade.
Un precio más asequible
El segundo problema es el del precio del kWh. Aunque el kWh fotovoltaico ya es competitivo para el consumidor si se compara con el precio de comercialización de la electricidad, no sucede lo mismo con el precio de generación.
A los precios actuales ya se puede producir electricidad fotovoltaica en el sur de España a aproximadamente 10 céntimos de euro, cuando el precio de comercialización ronda los 14 céntimos (sin contar con impuestos, alquiler de contador, etc.). Pero aún queda un camino que recorrer hasta lograr que sea competitivo con el kWh de generación, en el entorno del los 6 céntimos de euro. EL Proyecto PV CROPS propone desarrollos tecnológicos a nivel de sistema que permitan reducir el coste, tanto de la instalación de los sistemas, como de su operación y mantenimiento.

lunes, 10 de diciembre de 2012

Madeira, Azores y Canarias diseñan un modelo energético sostenible

Expertos en energía, técnicos de empresas e instituciones, cargos públicos y profesores universitarios pertenecientes a los archipiélagos de Madeira, Azores y Canarias, se reunirán el próximo jueves, 29 de noviembre, en la sede del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) en Pozo Izquierdo, para participar en el Seminario Internacional de Clausura del proyecto TRES (Transición hacia un modelo energéticamente sostenible para Madeira, Azores y Canarias).

El proyecto TRES, TRansición hacia un modelo Energético Sostenible para Madeira, Azores y Canarias, está enmarcado en el Programa de Cooperación Transnacional (PCT-MAC 2007- 2013). El consorcio está liderado por el ITC e incluye otras instituciones canarias, entre las que se encuentran los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna y la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción. Este proyecto cuenta también con socios de Madeira (Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira - AREAM) y Azores (Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - AZORINA).
Los socios del proyecto TRES presentarán, durante dos días, los resultados de esta iniciativa europea que persigue la reducción del consumo de combustibles fósiles en tres de los archipiélagos de la Macaronesia (Madeira, Azores y Canarias), de cara a disminuir su dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de la promoción del uso de energías renovables autóctonas y limpias, y a los avances relativos a la eficiencia en el uso final de la energía.
Aunque las tecnologías asociadas a las energías renovables para producir energía eléctrica han evolucionado de forma espectacular, su aprovechamiento en islas sigue estando limitado debido a la debilidad de los sistemas eléctricos insulares. Con los resultados obtenidos a través del proyecto TRES, respecto a tres elementos básicos: estudios de estabilidad de redes, sistemas de almacenamiento energético y desarrollo de modelos climáticos, se contribuirá, de forma importante, a la definición de estrategias óptimas para aumentar la penetración de las energías renovables en las islas de la Macaronesia. A esto se suma el esfuerzo por impulsar el ahorro y la eficiencia energética en distintos sectores productivos y el cultivo de microalgas para producción de biocombustible.
Temas a debate
A lo largo de los dos días que durará el Seminario Internacional, dirigido a técnicos, docentes, universitarios, y empresarios del sector energético, se abordarán los siguientes temas: ahorro y eficiencia energética, desarrollo de modelos climáticos para la predicción de la producción eólica y fotovoltaica, cultivo de microalgas para producción de biocombustible, almacenamiento energético, y estabilidad de redes para determinar afecciones de energías renovables sobre sistemas eléctricos insulares.

Prórroga poco ambiciosa del Protocolo de Kioto

La Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático (COP18) que se celebra en Qatar, ha concluido con un acuerdo para prorrogar hasta 2020 el conocido como Protocolo de Kioto para la reducción de gases de efecto invernadero.

El acuerdo, conocido como Puerta Climática de Doha, supone prorrogar Kioto ocho años, el único tratado internacional vinculante para combatir el calentamiento global. Sin embargo, Rusia, Japón y Canadá, entre otros, no han accedido a este nuevo compromiso con lo que las emisiones de CO2 de los participantes suponen ahora apenas el 15% de las emisiones globales.
"Les agradezco a todos ustedes su buena voluntad y el duro trabajo para avanzar en este proceso", ha afirmado el presidente de la Conferencia, Abdulá bin Hamad al Attiyah, durante la presentación de los resultados de las negociaciones maratonianas de la conferencia. La COP18 debería haber concluido el viernes, pero fue prorrogada para lograr un acuerdo.
El delegado ruso, Oleg Shamanov, sin embargo, ha manifestado la negativa de su país, que rechaza prorrogar el Protocolo de Kioto más allá de 2012. Rusia defendía una utilización menos restringida de los derechos de emisión no usados.
Todas las delegaciones presentes en Doha han reconocido que el acuerdo final no satisface las recomendaciones de los científicos, que pedían medidas drásticas para evitar un calentamiento que provoca olas de calor, tormentas de arena, inundaciones, sequías o la subida de los niveles del mar.
El Protocolo de Kioto, firmado en 1997, obligaba a 35 países industrializados a reducir una media de al menos un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero tomando como referencia las emisiones de 1990. Sin embargo, ya en su origen no incluía a países desarrollados tan importantes como Estados Unidos -que lo firmó, pero no lo ratificó- y no imponía objetivos de reducción de los gases a los países en desarrollo como China, India, Brasil o México.
Las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, crecerán este año un 2,6% a nivel mundial y duplican ya las tasas de 1990, fundamentalmente por las aportaciones de grandes potencias en desarrollo como China o India.
Calendario de negociación
El acuerdo alcanzado en Doha aplaza además hasta 2013 las negociaciones sobre la demanda de los países en vías de desarrollo, que exigen mayores donaciones para ayudarles a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, y deja para 2015 la firma de un nuevo acuerdo global que entraría en vigor en 2020.
Las negociaciones se dividirán en dos "corrientes", una que estudiará las medidas para combatir el cambio climático a partir de 2020 y otra que se encargará de las medidas para estimular un acuerdo ambicioso antes de esa fecha.
La primera ronda de contactos, según el acuerdo alcanzado en Doha, será entre el 29 de abril al 2 de mayo de 2013 en Bonn (Alemania); la siguiente posiblemente en septiembre de 2013 y al menos dos reuniones más en 2014 y otras dos en 2015. Estas negociaciones se denominarán Plataforma de Durban, nombre de la ciudad sudafricana donde el año pasado se celebró la reunión sobre calentamiento global en la que se acordó 2020 como fecha para la entrada en vigor de un pacto mundial.
En cuanto a los objetivos económicos, en Doha no se ha cerrado un calendario para cumplir con el objetivo de incrementar hasta los 100.000 millones de dólares anuales las ayudas para que las economías en desarrollo recorten sus emisiones.
El texto "anima a los países desarrollados a incrementar sus esfuerzos para proveer de recursos de al menos el nivel (de 2010-12) para el periodo 2013-15" y prevé negociaciones el año próximo para determinar nuevas fuentes de financiación. En 2009 los países desarrollados acordaron destinar 10.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para adaptarse y fijaron el objetivo de 100.000 millones de dólares para 2020.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Llevan a Bruselas los incumplimientos energéticos de España



Ayer llegó a Bruselas un grupo de miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entre los que viajan Juan López de Uralde, Javier García Breva y Cote Romero. El objetivo es dar voz a los miles de ciudadanos españoles que a través de su firma han denunciado los abusos del oligopolio eléctrico en España y reclamado una auditoría.

A la espera de que el Gobierno español se pronuncie respecto al documento base de la Plataforma, recepcionado por el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, el pasado 24 de septiembre, algunos de sus miembros se han desplazado a Bruselas con el fin de presentar dicho documento y denunciar la reticencia de la justicia española a la hora de tomar en consideración la normativa europea.
No sólo es que el plazo de transposición de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de la Energía procedente de Fuentes Renovables, haya terminado hace casi dos años, es que el Gobierno ha justificado una transposición inexistente a través de la Ley de Economía Sostenible y el RD 13/2012. Puesto que el objetivo de la Directiva era eliminar barreras regulatorias, administrativas, técnicas y económicas a las renovables, ahí continúan dichas barreras y en especial en referencia a los RDL 14/2012 y RDL 1/2012, así como al debate actual sobre la fiscalidad energética y el retraso en regular el autoconsumo.
Asimismo, no se transpuso en su momento la Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética en Edificios, inspirada por el protocolo de Kyoto, sino que además el plazo de transposición de la Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, acaba en 2013 y no parece que haya intención de regularlo, aún a pesar de la sentencia existente del tribunal de Luxemburgo contra España. Igualmente, nuestro país ha votado en contra de la nueva Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética, argumentando que vamos seis años por delante de los objetivos europeos.
A pesar de que la Comisión ha denunciado en varias ocasiones la inexistente competencia real en el mercado eléctrico y petrolero español, se ha hecho caso omiso a tales advertencias, y, de hecho, se siguen otorgando beneficios extraordinarios a centrales amortizadas (nucleares e hidráulicas). La dependencia energética (5% del PIB y 85% del déficit comercial) y el diferencial en intensidad energética (1 al 3% PIB) ha crecido con respecto a la media europea. En los últimos cuatro años las emisiones de CO2 aumentaron un 28%, sin embargo no se presta atención a este hecho y tampoco hay voluntad de cumplir con la Directiva de Emisiones Industriales, por considerar que pone en riesgo la seguridad de suministro por obligar al cierre de las centrales más contaminantes de carbón y gas. Además, no se cumplen los estándares de seguridad nuclear post-Fukusima, como ha denunciado la Comisión, y de hecho, el Gobierno se plantea ampliar la vida útil de Garoña.

La industria fotovoltaica, en peligro por la subida de impuestos



El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, advierte de que el aumento del 6% al 7% en el impuesto de generación eléctrica elevará el número de plantas fotovoltaicas en suspensión de pagos y reclama al Gobierno que, para evitar un mal mayor, evite que se solape este nuevo gravamen con el recorte de retribución que ya soporta el sector.

En declaraciones a Europa Press, Donoso explicó que la nueva tasa se suma al recorte retributivo del 30% aplicado por el exministro Miguel Sebastián al sector durante los años 2011, 2012 y 2013. De esta forma, el impacto total de las medidas adoptadas será para la fotovoltaica del 37% en 2013.
 "Ya estábamos mal con el 6%, y ahora con el 7% es un poco peor", lamentó Donoso en alusión a la reciente propuesta del PP en el Senado. Por eso, y para no solaparlo con el recorte del 30%, reclama que se postergue el impuesto hasta 2014.
UNEF también contempla en un comunicado la otra opción: que en 2013 no se aplique el recorte del 30% en la retribución y se adelante la reducción de por vida del 10% contemplada en el real decreto ley 14/2010, de forma que la fotovoltaica, una vez contemplado el impuesto, asuma una merma del 17% a partir del año que viene.
"Las plantas fotovoltaicas llevan ya tres años de recortes y han ido aguantando como han podido con la esperanza de llegar a 2014", que es cuando concluye la reducción de horas con derecho a prima aprobada por el anterior Gobierno, señaló Donoso.
En la actualidad, "ya puede haber algunas empresas que no puedan hacer frente a la deuda e incurrir en un concurso de acreedores", y la situación se agravará aun más cuando en 2013 se sume el recorte de Sebastián al nuevo impuesto, indicó el director general de la asociación.
200 millones
"Es una tontería que, por los 200 millones que implica el impuesto para la fotovoltaica, y que no van a resolver el problema del déficit de tarifa, se genere sin embargo una mayor problemática y aumenten las solicitudes de concurso", advirtió.
"No somos la solución. Por 200 millones no se va a resolver el problema y se va a generar otro problema muy importante, que incide en la imagen del país", insistió, antes de recordar que los fondos internacionales perciben a España como uno de los países con mayor riesgo debido, entre otras cosas, al tratamiento que se ha dado a la fotovoltaica.
Además, la fotovoltaica es la "única" tecnología que va a verse obligada a pagar íntegramente el impuesto, ya que no puede trasladar su precio al "pool" ni a los consumidores finales, al contrario de lo que ocurre con otras tecnologías, señaló.
En un comunicado, UNEF pronostica que, con los nuevos impuestos, los ingresos de las fotovoltaicas se sitúen por debajo del nivel de "default", de modo que "los propietarios se verán obligados a renegociar la deuda, a aportar fondos propios o, si no pueden hacer ninguna de esas dos opciones, a entregar su instalación a la entidad financiera".
Menos litigiosidad
UNEF señala que su propuesta disminuirá la elevada litigiosidad asociada al recorte de Sebastián, que ha motivado un arbitraje internacional en Ginebra contra España, así como otro arbitraje en preparación.
Además, esta norma ha merecido tres recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de Murcia, Valencia y Extremadura, así como 11.600 reclamaciones patrimoniales, que previsiblemente acabarán en el Tribunal Supremo.
UNEF prevé además "decenas de miles de impugnaciones" de liquidaciones incompletas de la Comisión Nacional de Energía (CNE) ante la Audiencia Nacional cuando éstas se conviertan en actos administrativos definitivos.

lunes, 3 de diciembre de 2012

La OCDE recomienda a España impuestos verdes a la gasolina y el gasóleo


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomienda a España que implante impuestos nacionales "verdes" a productos cuyo consumo eleva las emisiones de CO2, especialmente los carburantes de automoción.

En un informe sobre España publicado este jueves, la OCDE recuerda el impacto negativo tanto para la atmósfera como para la salud de algunos productos contaminantes como el gasóleo, y lamenta que la imposición "verde" se aplique a menudo solo a nivel autonómico y no a nivel nacional.
La organización calcula que la fiscalidad medioambiental genera ingresos en España equivalentes al 1,5% del PIB, mientras que en otros países de la Unión Europea este porcentaje alcanza el 4%.
"La fiscalidad sobre el uso de los vehículos de motor no es suficiente para valorar las externalidades" relacionadas con las emisiones de CO2, indica la OCDE, que recuerda además que el gasóleo disfruta en España de ventajas impositivas "a pesar de los riesgos que comporta para la salud humana".
"Se debería considerar la posibilidad de crear una tasa nacional al CO2, incluidos los combustibles de transporte", asegura el informe, en el que se da además la "bienvenida" a los nuevos gravámenes del Gobierno a combustibles fósiles.
"Otros productos contaminantes solo se gravan en algunas autonomías, pese a que las externalidades medioambientales tienen un efecto que va más allá de las fronteras regionales", por lo que la fiscalidad "debería imponerse a nivel nacional, afirma.

Las tecnologías limpias son un nicho de empleo en crecimiento


Las tecnologías limpias pueden generar hasta 1,5 millones de empleos en la UE en 2020, según los datos dados a conocer en una rueda de prensa celebrada en Madrid, en la que han estado presentes el presidente de Innobasque, Guillermo Ulacia, el director de Innovación de Iberdrola, Agustín Delgado, y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, Ibon Areso.

Este tipo de industria tiene capacidad para generar hasta el año 2020 un total de 1,5 millones de empleos en el conjunto de la Unión Europea. Según han destacado en la comparecencia, las tecnologías limpias o cleantech tienen un "fuerte" componente innovador y están consideradas una industria de importancia "estratégica" para los países del Sur de Europa, ya que están relacionadas con modelos de negocio que combinan la rentabilidad económica y eficiencia en costes con una reducción del impacto ambiental y el consumo de recursos necesarios para la actividad económica.
Facturación
Este sector incluye tecnologías energéticas, movilidad sostenibles, materiales avanzados, reciclado y gestión de aguas y residuos, ecodiseño en bienes y equipos. En Europa, emplean a 3,4 millones de personas (más que la industria química o fabricantes de coches), facturan 319.000 millones de euros y crecen a un ritmo del 7% anual.
En 2011, recibieron inversiones de capital riesgo por valor de 1.300 millones de euros, según datos de Cleantech Group. En el mundo suponen un mercado mundial de unos 2 billones de euros, con un crecimiento anual del 6,5%.
"Esto puede implicar crecimientos relevantes en los niveles de empleo de aquellos países que lideren la respuesta a este mercado", ha asegurado Guillermo Ulacia.
Ulacia ha destacado que para responder a esa oportunidad, la Agencia Vasca de la Innovación impulsa Southern Europe´s Cleantech Hub, la plataforma de las tecnologías limpias del Sur de Europa "que va a posicionar a las empresas, grandes y pequeñas, de manera conjunta en el mercado global".
Según ha explicado, se trata de una iniciativa, lanzada desde Euskadi, cuyo comité de expertos está formado por más de 20 corporaciones y empresas tractoras, centros de conocimiento e I+D, instituciones y agentes especializados relevantes que hacen que el Sur de Europa sea "un polo de referencia" en esta industria.
Entre ellos, se encuentran el departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Degremont, Iberdrola, Gamesa, Repsol YPF, Mondragón Corporación, CAF, Idom, Sener, Velatia (antes Grupo Ormazabal), Arteche, CIE Automotive, Gestamp, Mercedes Benz, ZIV, Ibermática, Ingeteam, Kutxabank, Tecnalia, IK4 Research Alliance, Cener, Deloitte y B+I Strategy.
Iberdrola es una de las empresas que forma parte de Southern Europe´s Cleantech Hub y además lidera la dinámica de Eco-Innovación de Innobasque. En la comparecencia, el director de Innovación de Iberdrola, Agustín Delgado, ha resaltado que disponer de plataformas como la citada y organizar eventos como el Cleantech Forum Europe son "pasos estratégicos para construir un polo innovador en tecnologías limpias".
Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, Ibon Areso, ha declarado que una de las "más importantes, sino la mayor", de las preocupaciones "estratégicas" del Ayuntamiento de Bilbao, es generar economía y empleo para sus ciudadanos. El responsable del Ayuntamiento de Bilbao ha asegurado que Bilbao ha sufrido una "importante transformación, pero no puede quedarse parada".
"Tiene que continuar su transformación hasta convertirse en una ciudad inteligente; donde el conocimiento, la innovación, el desarrollo y las nuevas tecnologías vayan de la mano", ha asegurado.

Luz verde a la Ley de medidas urgentes de medio ambiente



El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que, entre otros puntos, centraliza la policía hidráulica o establece que los Sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) sean voluntarios y no obligatorios.

Así, tras su paso por el Senado se han incorporado a la normativa cuatro enmiendas del PP, principalmente de carácter técnico. En primer lugar, una nueva disposición adicional decimocuarta, en el texto refundido de la Ley de Aguas, para regular la cesión de derechos y transformación de aprovechamientos por disposición legal en concesiones, en el ámbito del Alto Guadiana.
En este sentido, Guillermo Collarte, portavoz popular en la materia, ha criticado que la oposición haya acusado al Gobierno de querer mercantilizar el proceso.
En materia de residuos, el popular dice que se da libertad para que "se tome un camino u otro" a la hora de implantar el SDDR para que éste sea voluntario y no obligatorio.
Sobre la enmienda referida a la modificación de la Ley del Mercado de Valores, el parlamentario defiende que se adapta la Ley nacional a la normativa europea. Durante la votación ha sido, de las cuatro votadas, la enmienda popular que más apoyo ha recibido de la oposición, salvo en el caso de UPyD y Geroa Bai que han decidido abstenerse.
Tramitación parlamentaria
Antes de convertirse en proyecto de ley el 17 de mayo, el decreto de medidas urgentes fue aprobado en Consejo de Ministros el día 4 de ese mismo mes y, se encuentra en vigor desde el día siguiente de su publicación en el BOE.
Posteriormente llegó al Congreso y, en ese 17 de mayo, el decreto en sí recibió el respaldo del PP, UPyD y UPN, mientras que Foro Asturias se abstuvo. El resto de grupos parlamentarios se mostraron en contra del mismo, entre otros puntos, por centralizar las competencias que hasta la fecha eran autonómicas.
Por unanimidad, se decidió en la misma sesión plenaria que fuera tramitado como proyecto de ley, lo que abría la posibilidad de cambios puntuales por parte de los grupos parlamentarios en forma de enmiendas. Por ello, la oposición ha criticado en el debate de este jueves que "no haya servido de nada" su paso por ambas Cámaras porque "el PP sólo ha aceptado sus autoenmiendas".
En concreto, esta ley plantea la modificación de cuatro normativas: Ley del Mercado de Valores, Ley de Aguas, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
Durante la defensa del mismo, el ministro Arias Cañete justificó que el texto respondía al propósito de mejorar la gestión ambiental española, adaptando directivas europeas y reduciendo las cargas administrativas y favoreciendo, entre otros puntos, el sistema de subastas en derechos de emisiones.
Con ello, detalló que esta ley incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pudiera acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto.
Simplificación normativa
Igualmente, la normativa plantea una modificación de la Ley de Aguas, donde el Estado recupera la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.
Asimismo, también introduce una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.
En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea.
En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
En materia de residuos, cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas, además de hacer del SDDR un sistema voluntario y no obligatorio.
Unas medidas necesarias
Desde ICV, Laia Ortiz, ha criticado durante el debate que este Ejecutivo haga "oídos sordos" a las necesidades de medio ambiente del país, así como la ausencia del titular del ramo al frente del Departamento porque "se dedica a otras cosas". A su juicio, esta ley debería llamarse de "medidas urgentes contra el medio ambiente" porque "no hay nada urgente en ella y retrotrae la protección al medio ambiente".
Igualmente, ha rechazado que venga del Senado con cuatro autoenmiendas del PP. "Es un Gobierno que no dialoga y actúa contra el medio ambiente y hace el ridículo en las cumbres internacionales con sus políticas", ha sentenciado.
Por su parte, Martí Barberá, de CiU, ha puesto de relevancia que en la tramitación parlamentaria no se ha mejorado "nada" el texto, salvo en lo aportado por el PP con sus autoenmiendas, a pesar que se decidiera en el Congreso su tramitación como proyecto de ley para que los grupos pudieran hacer sus aportaciones. Es más, rechaza que la Ley presentada por el Gobierno vuelva a invadir competencias autonómicas.
Mientras, el portavoz socialista en la materia, José Luis Ábalos, ha criticado que, de las 121 enmiendas presentadas en el Congreso, sólo una superó su aprobación en ponencia y fue de CiU. Es más, ha subrayado que, ya en la Comisión competente, sólo dos se aceptaron y fueron transaccionadas también con los nacionalistas catalanes.
"Con esa actitud de descalificación no aceptaron ninguna otra. En el Senado se presentaron 151 enmiendas y las cuatro aceptadas son del PP. Ha sido la posibilidad de autoenmendarse. Un auténtico circo y que sólo responde a lobbies e intereses lucrativos", ha advertido.
De igual forma, ha resaltado que todas las modificaciones legislativas que plantea son "regresivas". Por ejemplo, en materia de aguas, ha señalado que supone la privatización y mercantilización de los derechos del agua; mientras que en materia de Residuos Sólidos, que se ha "finiquitado el sistema".
Sobre los derechos de emisión, la única que el PSOE ha votado que "sí", Ábalos subraya que es de carácter técnico y que se ajusta la ley a los requerimientos europeos, a la vez que exige que las subastas de derechos deben iniciarse en 2013. Eso sí, llama la atención al socialista que en los Presupuestos de 2013 se pidió que figurara lo obtenido en la subasta de emisiones, una medida que, según dice, "el PP también rechazó".
"Se da un paso atrás en una legislación que venía siendo bien valorada por los grupos medioambientales y estamos además en un camino de divergencia y por último decir que para el PP prevalece el interés especulativo frente al medioambiental", ha sentenciado.